miércoles, 18 de mayo de 2011

Sistemas de información gerencial

Estos sistemas son el resultado de interacción colaborativa entre personas, tecnologías y procedimientos -colectivamente llamadossistemas de información- orientados a solucionar problemas empresariales. Los SIG o MIS (también denominados así por sus siglas eninglésManagement Information System) se diferencian de los sistemas de información comunes en que para analizar la información utilizan otros sistemas que se usan en las actividades operacionales de la organización. Académicamente, el término es comúnmente utilizado para referirse al conjunto de los métodos de gestión de la información vinculada a la automatización o apoyo humano de la toma de decisiones (por ejemplo: Sistemas de apoyo a la decisiónSistemas expertos y Sistemas de información para ejecutivos)

conflito colombiana con los paises americanos

PAZ, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE


Andrés Serbin*

Comparativamente con otras regiones, la historia reciente de América Latina y el Caribe evidencia una proporción menor de conflictos armados inter-estatales e inter-étnicos que otras regiones del mundo, al punto de que algunos analistas  no dudan en señalar que la región “ha sido relativamente pacífica conforme a la experiencia internacional” (Mares y Bernstein: 1998; 51) y que es “una de las regiones mas estables del mundo” (Friederich Ebert Stiftung 2004: 1). Adicionalmente, la región se caracteriza por haber establecido el primer acuerdo de congelamiento de pruebas nucleares y ha creado, a través del Tratado de Tlatelolco, firmado en 1967, un régimen regional de prohibición de armas nucleares (Hirst 2003:28) y por el menor gasto militar per per en armamento y defensa (Friederich Ebert Stiftung 2004: 1). No es así en lo que se refiere a conflictos armados internos generados por una combinación de causas políticas, ideológicas y económicas.

La mayoría de los analistas coinciden en argumentar que el reducido número de conflictos armados inter-estatales responde fundamentalmente a la maduración de un  entorno de mediación e intervención (aunque no de prevención) fundamentalmente diplomática por parte de países de la región a través de diferentes mecanismos bilaterales, subregionales y regionales, tanto establecidos como ad-hoc[1]. Como ilustración baste citar la exitosa resolución del conflicto limítrofe entre Chile y Argentina; la intervención del Grupo Contadora en la resolución de la crisis subregional y de los conflictos armados en Centroamérica en la década del ochenta; el rol de la Organización de Estados Americanos  (OEA) en diversos conflictos domésticos de la región (casos Haití y mas recientemente Venezuela); el involucramiento de estados hemisféricos amigos en la distensión y superación de la confrontación fronteriza entre Ecuador y Perú; o el congelamiento de la reclamación de la Guyana Esequiba por parte de Venezuela, con la intervención de los buenos oficios de un representante del Secretario General de la ONU (Serbin, 2003).

A su vez, el despliegue limitado de conflictos armados inter-étnicos significativos (con secuelas de genocidio y ethnic cleansing) responde fundamentalmente, en la interpretación de algunos investigadores, a razones históricas (vinculadas a las características de la colonización española y de los mecanismos de subordinación de diversos grupos aborígenes), jurídicas y políticas. Como señala una analista recientemente, “comparada con otras, (América Latina) no carga con ninguna de las disputas étnicas de otras zonas recientemente democratizadas ni con los conflictos religiosos de diversas áreas del tercer mundo” (Hirst 2003:28).

Sin embargo, esta última aseveración parece contrastada, en épocas recientes, por la emergencia de situaciones de conflicto armado de componentes etno-políticos tanto de raigambre estructural (como en el caso de Guatemala, Bolivia o Guyana, a menor escala) como de expresión focal (como en el caso del proceso zapatista en Chiapas y, en algunos aspectos, en el caso de Sendero Luminoso en Perú, con las complejidades y salvedades del caso ya que se vinculan a procesos políticos específicos de insurrección armada y guerrilla sobre bases étnicas). Por otra parte, desde la década del setenta, la lucha de las comunidades indígenas por el reconocimiento de su cultura y sus derechos se agudizó y llegó a tener expresiones de violencia armada recurrente en Guatemala, Bolivia, Colombia y Ecuador (Pardo 1999:59). Más recientemente, en  el marco de los procesos de  globalización, la transnacionalización de los movimientos indígenas ha dado lugar a su creciente presencia como actores en los sistemas políticos nacionales y regionales, con un eventual potencial para el desarrollo de conflictos armados, tanto de carácter local y nacional como, eventualmente, transnacional.

A su vez, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la región ha vivido numerosas experiencias de conflictos internos, enmarcadas tanto en la confrontación ideológica signada por la Guerra Fría y el enfrentamiento Este-Oeste, como en marcados clivajes estructurales que han caracterizado históricamente a la región desde su colonización por las potencias europeas y se han profundizado en la últimas décadas en el marco de la globalización, especialmente a través de los programas de ajuste estructural implementados en la década del noventa. En muchos casos estas experiencias han derivado en conflictos armados de carácter doméstico, entre otras razones  por la ausencia o debilidad de mecanismos institucionales establecidos para la prevención o resolución de estos conflictos, tanto en el marco de sistemas autoritarios como, más recientemente, en el contexto de la reinstauración y consolidación de sistemas democráticos. En este último sentido, a diferencia de los conflictos inter-estatales que tienden a promover la unidad nacional y a fortalecer la cohesividad social, los conflictos violentos de orden doméstico generan y se apoyan en una mayor división social y en la profundización del debilitamiento del capital social de una nación (Colleta y Cullen 2000: 1).

Básicamente, en la actualidad, muchos de estos conflictos responden a situaciones de inestabilidad política interna y a reiterados problemas de gobernabilidad, especialmente en el marco de las fragilidad de las democracias latinoamericanas y del impacto de la globalización y de los programas de ajuste de la década del noventa. Como señala Rojas Aravena, “en el caso latinoamericano, las vulnerabilidades principales provienen de la crisis de gobernabilidad que afecta a la región, la cual dificulta la promoción de la seguridad humana y, por el contrario, establece oportunidades para una alta inseguridad que se traduce en temor frente a la violencia y temor frente a las amplias necesidades insatisfechas” (Rojas Aravena 2004:9).

La importancia de las particularidades regionales.

Es necesario, sin embargo, hacer una salvedad en torno a estas aseveraciones de carácter general sobre América latina y el Caribe, y establecer con claridad que la dinámica subregional de los eventuales conflictos potenciales, responde, en gran medida, no sólo al impacto de procesos globales y transnacionales, sino también a las características culturales, políticas y socio-económicas y a las dinámicas específicas de cada subregión[2].

En este sentido, el Caribe de habla inglesa y holandesa ha seguido un proceso de descolonización constitucional y gradual en general poco afectado por conflictos armados (con la probable excepción de Surinam, Guyana, Jamaica y Trinidad dónde éstos conflictos generalmente han estado predominantemente asociados a conflictos internos con predominio de conflictos de carácter etno-político) cuya tendencia a resolverse en un marco institucional contrasta con la situación del resto de América Latina; Centroamérica ha logrado superar la crisis regional y los conflictos armados de la década del ochenta para sumirse  en la construcción de alternativas políticas post-conflicto en un marco democrático y en función de una reactivación del proceso de integración subregional, que dejan sin resolución, sin embargo, una serie de disputas territoriales; los países de América del Sur, a través de una serie de mecanismos  institucionales han impulsado, en líneas generales, procesos de redemocratización y profundización democrática luego de los regímenes militares que los han plagado en décadas precedente y una significativa distensión en torno a las disputas territoriales asociada con frecuencia a un proceso de profundización de la integración económica regional, pero, no obstante, no han logrado sobreponerse a la falta de equidad y a la profundización de la exclusión social; y los países andinos, con sus particularidades específicas, han entrado en un marcado proceso de crisis política y social que pone en cuestión las frágiles democracias locales y que se convierte en un caldo de cultivo para situaciones de conflictos armados domésticos y, eventualmente, regionales, con un fuerte predominio del narcotráfico como uno de los elementos destacables.

Los cambios en el sistema internacional – sobre todo el fin de la Guerra Fría – han tenido consecuencias importantes sobre los conflictos y las políticas de seguridad en América Latina.

En primer lugar, porque la región perdió importancia estratégica en la agenda de seguridad de Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría. A su vez, este proceso se ha profundizado en años recientes, con la creciente preocupación de la política exterior estadounidense por el terrorismo global y sus potenciales focos mundiales. En este sentido, América Latina y el Caribe, representan (mas allá de zonas específicas como la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, o los potenciales derrames regionales del conflicto colombiano) una zona menos proclive a la emergencia y desarrollo de amenazas terroristas en la percepción de los Estados Unidos, con lo cual sus prioridades tienden a concentrarse en otras regiones del planeta y a desatender las situaciones de seguridad regional en América Latina y el Caribe. En tanto para muchos analistas la presencia hegemónica de EEUU en la región, en el marco de una relación de manifiesta asimetría de poder, constituyó uno de los elementos que ha contribuido históricamente a que se desarrollaran menos conflictos armados, la progresiva desatención del país del Norte a la dinámica hemisférica puede contribuir a un resurgimiento de conflictos armados en la región.

En segundo lugar, porque con el fin de la Guerra Fría se produjo un cambio temático en la agenda interamericana, desplazando la prioridad de la lucha contra el comunismo a la lucha contra el narcotráfico y a otros temas de carácter transnacional como el medio ambiente y las migraciones que exceden la agenda tradicional de seguridad. Estas “nuevas amenazas” tendieron a complejizar la agenda de seguridad hemisférica y, a partir del 11 de septiembre del 2001, con la priorización de la amenaza del terrorismo global, a “securitizar” gran parte de la dinámica hemisférica en función de las percepciones y de la nueva doctrina de guerra preventiva de EEUU.


El entorno regional.

El debate acerca de la diferentes concepciones de la seguridad desarrolladas en el marco de la experiencia de América Latina y el Caribe, permea en la actualidad el proceso de redefinición tanto de la agenda de seguridad hemisférica y su articulación con una agenda global, como la re-estructuración de los mecanismos regionales y subregionales que abordan el tema y constituyen espacios para la implementación de políticas de seguridad, a partir de las transformaciones que han acaecido en la región desde el fin de la Guerra Fría y bajo el impacto de las nuevas amenazas introducidas por los procesos de globalización.

En este contexto, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos distintivos de la región: a) que el nivel de conflictos armados inter-estatales en América Latina y el Caribe ha sido comparativamente limitado en relación a otras regiones; b) que existe un potencial significativo para el desarrollo de conflictos intra-estatales de causalidad estructural, incluyendo la emergencia de conflictos inter-étnicos, con eventuales efectos sobre la estabilidad subregional o regional; c) que existe un potencial significativo para el desarrollo de conflictos transnacionales asociados a las nuevas amenazas emergentes (migración y crisis de refugiados, criminalidad transnacional particularmente en relación al narcotráfico y al tráfico de armas, medio ambiente y recursos naturales, entre otros), asimismo con eventuales efectos de derrame subregional o regional; d) que a pesar de estas tendencias generales, presentes en toda la región, existen dinámicas específicamente subregionales que diferencian la situación en el Cono Sur, los países andinos, América Central y los países del Caribe insular; e) que no existen mecanismos institucionales desarrollados, efectivos y transparentes para la prevención y la alerta temprana de los diferentes tipos de conflictos armados que puedan surgir en la región; f) que tampoco existe un marco conceptual unificado para el tratamiento de estos temas y para la implementación de políticas regionales, a pesar del desarrollo actual de un debate sobre la seguridad hemisférica.

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue la primera organización regional en afrontar, en este marco, una serie de cambios importantes. Pese a que esta organización había nacido, a finales de la década del cuarenta, en función de una vocación de instaurar la paz y la seguridad en el hemisferio y de contribuir al desarrollo de sus sociedades, en articulación con mecanismos y tratados previos de resolución pacífica de conflictos como el Tratado de Bogotá, en la práctica, en las décadas sucesivas tendió a reflejar las orientaciones estratégicas de Estados Unidos hacia la región en el marco de la confrontación con el bloque soviético, y fue marcada significativamente por las tensiones inherentes entre éste país y los estados latinoamericanos y caribeños. Las múltiples intervenciones, directas o indirectas, de Estados Unidos en la región, y la exclusión de Cuba del organismo, pautan estas tensiones durante los años de la Guerra Fría. Consecuentemente, los esquemas de seguridad del hemisferio durante esos años estuvieron marcados por esta tensión y las doctrinas de seguridad inherentes, y articulados en función de este cuadro de intereses, dejando poco espacio para la resolución de las diferentes disputas territoriales en América Latina y el Caribe, aunque no para la eventual contención de los conflictos armados que pudieran surgir en torno a ellas.

Los cambios iniciados en la década del noventa introducen una nueva dimensión en el accionar del organismo. En 1991, en Santiago de Chile, la OEA aprobó el “Compromiso por la democracia y la renovación del sistema inter-americano”, estableciendo su compromiso con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región, lo que, a su vez, posibilitó la conformación de una nueva estructura de seguridad. En esa ocasión la OEA creó la Comisión de Seguridad Hemisférica que adquirió carácter permanente en 1995, incorporando el concepto de medidas para el fomento de la confianza en su agenda (Diamint 2000). La Cumbre de las Américas en diciembre de 1994 contribuyó a impulsar este proceso, promoviendo el desarrollo de medidas de confianza mutua y la construcción de un nuevo marco de seguridad regional, signado por las experiencias positivas que había abierto el desarrollo de enfoques asociados con una visión de la seguridad cooperativa. Once meses después, los países miembros de la OEA aceptaron 11 medidas orientadas a incrementar la confianza y el diálogo regional, asumiendo los postulados emergentes del concepto de seguridad cooperativa.

Por otra parte, la Comisión de Seguridad Hemisférica se institucionalizó y contribuyó a la progresiva superación de los enfoques ad hoc motivados por el surgimiento de crisis regionales, y a la creación de condiciones para el diseño de una agenda de políticas que pudiera reflejar los debates que se producían en su seno. Diversas medidas dieron continuidad a este proceso, como la aprobación de la Convención interamericana contra la producción y el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y otros materiales (Soriano and Mackay 2003).

Otros mecanismos relacionados con la OEA precedieron a su formación o la acompañaron, como la creación en 1942 de la Junta Interamericana de Defensa, en respuesta a las amenazas hemisféricas por parte del Eje y la firma, en 1947, del Tratado de Río que dio origen al Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR), que expresa que la obligación de asistencia mutua y la común defensa de las repúblicas están esencialmente relacionadas con sus ideales democráticos (Diamint 2000:85).  Ambos mecanismos han sido, sin embargo, fuertemente cuestionados. El primero por el hecho de no incluir al total de los países miembros de la OEA (los países del Caribe fueron excluidos y Canadá se incorporó en el año 2002) y por su supervisión del Colegio Interamericano de Defensa, donde se entrenaron muchos del golpistas y represores latinoamericanos de la década del setenta. El TIAR (dónde tampoco figuran los países caribeños y Canadá), a su vez, ha sido cuestionado por haber sido concebido básicamente como un instrumento para enfrentar la eventual agresión de países comunistas y por no haber sido efectivo en la resolución de conflictos en el hemisferio (Diamint 2000:86)[3]. De hecho, en los días que precedieron al 11-S México cuestionó su vigencia en el marco de las nuevas condiciones hemisféricas y globales y planteó su cancelación. Sin embargo, los acontecimientos del 11-S y las posiciones asumidas por los gobiernos latinoamericanos en apoyo a EEUU frenaron momentáneamente esta iniciativa.

Es importante señalar, en el marco de la OEA, dos mecanismos relevantes para la promoción de una estrategia de prevención de conflictos y construcción de la paz, particularmente a raíz del creciente reconocimiento por parte de este organismo de las redes y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. En primer lugar, la Unidad para la Promoción de la Democracia de este organismo, con un mandato específico sobre la prevención de conflictos y en cuyo marco se ha constituido una oficina sobre este tema. En segundo lugar, la propia Comisión de Seguridad Hemisférica que ha abierto la posibilidad para la participación de la sociedad civil en función de redefinir una nueva agenda de seguridad hemisférica.






La OEA y la sociedad civil.

Como ya analizamos previamente, la Organización de Estados Americanos (OEA) es una organización regional Inter.- gubernamental que tradicionalmente ha tratado, desde su creación en la década del 40, con relaciones Inter.-Americanas. Es una de las más antiguas organizaciones Inter.-gubernamentales del mundo, fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial como un mecanismo para prevenir la expansión del comunismo en el Hemisferio Occidental y para tratar temas de la política exterior Norte Americana para con América Latina y el Caribe. Después del fin de la Guerra Fría, la OEA enfocó sus prioridades en la promoción de la democracia, el libre comercio y el desarrollo sustentable en la región.

El enfoque regional de la OEA, incluye a los países del Hemisferio Occidental, con la excepción de Cuba (que fue expulsada en 1962) y la reciente (1991) inclusión de Canadá. Es un foro Inter.-Americano y originalmente estuvo muy influenciado por Estados Unidos. Recientemente la OEA se ha convertido en una herramienta fundamental para los procesos de integración regional, ya que desde 1991, ha estado a cargo de la organización de las Cumbres de las Américas en Miami, Santiago y Québec.. La próxima Cumbre de las Américas tendrá lugar en Buenos Aires en 2005. En dos ocasiones, las  Cumbres extraordinarias fueron llevadas a cabo en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia en Diciembre, 1996 y la más reciente en Monterrey, México en enero 2004.

La agenda inicial de las Cumbres de las Américas apunta a ser soporte de los procesos de la Iniciativa de las Américas y, en especial, a la creación del ALCA. Durante la década del 90 el tema más importante de la agenda apuntaba al libre comercio y la democracia. Recientemente (en particular después de 9 -11) el énfasis ha cambiado gradualmente a las preocupaciones por la gobernabilidad democrática y la seguridad hemisférica. Una primera conferencia hemisférica al respecto de este último tema fue realizada en la Ciudad de México en Octubre 2003 por a la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA.

El gran impulso para el reconocimiento y la  participación  de las organizaciones de la sociedad civil  está relacionado con las Cumbres de las Américas en los 90. Particularmente el  Grupo de Revisión  e Implementación de Cumbres (GRIC) fue promotor de la participación de la sociedad civil en la OEA. Más recientemente la Unidad de la OEA para la promoción de la democracia también se convirtió en una herramienta para promover  y aumentar la participación de la sociedad civil.



* Presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)




[1] Como señala Juan Carlos Puig (1983:11-12) “From the point of view of the peaceful resolution of international conflicts, the countries of Latin America offers a paradoxical image. It is probable that in few regions of the world have been so many praises sung to peace, to understanding among brother countries, and to the need of avoiding war in every possible way. No other regional group has produced so many treaties, conventions and resolutions with the objective of promoting conciliation and understanding among States, and no other group posseses such a diversified and, at times, sophisticated panoply of juridical resources. However, frequently these nations have been inclined to adopt prejurisdictiobal forms of settlement, that is, forms which do not envisage compulsory jurisdiction or enforcement of the award”.
[2] “En América Latina y el Caribe, evidenciamos una alta heterogeneidad entre sus distintas regiones y países. Sin embargo, se nos ve como una región. Tenemos diferencias sustantivas y en algunos casos se incrementan. No obstante existe una base sustancial para actuar en común que parte del idioma y la cultura y se expresa en intereses comunes en todas las áreas” (Rojas Aravena: 2002:23).
[3] Es interesante en este sentido, las comparaciones que establece la autora con la OTAN como alianza de defensa colectiva (Diamint 2000).